La educación superior pública en Colombia vive un momento decisivo. Con la reforma propuesta a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, se busca que los aportes del Estado ya no se limiten al simple ajuste por inflación (IPC), sino que se actualicen con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), que refleja los gastos reales de funcionamiento: salarios, infraestructura, tecnología, investigación.

Además, se pacta un crecimiento gradual de recursos hasta llegar al 1 % del PIB en un plazo de 15 años, para reducir brechas regionales, mejorar la calidad, fortalecer la planta docente y ampliar la cobertura educativa.
El Observatorio Colombiano.
Este proyecto ya pasó con unanimidad en el Senado (77 votos a favor) y avanza ahora en Cámara, con la mirada puesta en la sostenibilidad de nuestras universidades públicas.

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