Desde Bufete Rosales se están abriendo tres vías de actuación para que los afectados puedan resolver sus casos, en la vía administrativa se espera que las autoridades monetarias europeas digan si la intervención fue correcta o no, en la vía penal, a la cual se está remitiendo a la mayoría de afectados, se espera que los peritos desvelen si las cuentas del banco de los últimos años eran ficticias o no y la vía civil, para los afectados que compraron acciones en la última ampliación de capital de 2016.
Un dato importante es que el Banco de España, ya en el 2011, vio la morosidad del Popular en un 24% a pesar que fue declarada un 5,99. Esto haría variar las cuentas y tendría consecuencias relevantes para todos los afectados.

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