"El Contrato ROU-UPM es inconstitucional, no cuenta con sustento legal ni cumplió el proceso administrativo establecido para los contratos del estado. Los compromisos asumidos y los beneficios otorgados por el gobierno a esta empresa configuran una situación de privilegio absoluto frente al resto de la economía nacional."
En entrevista concedida a Bitácora de Radio, el investigador realizó un análisis del proyecto sobre la nueva pastera y afirmó que los datos que van conociéndose contradicen lo que el gobierno anunció en cuanto a inversión, puestos de trabajo y beneficios para el país.
"Es la claudicación del Estado ante una empresa extranjera", aseguró.
Dijo que "el país parece gobernado por un partido único" porque todos los partidos políticos apoyan o miran para otro lado.
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