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Escuchar "«La ley se incumple en los pueblos»: Toribio exige igualdad, carreteras seguras y una ley de tiempos de respuesta"
Síntesis del Episodio
Especial veraniego para hablar de la seguridad vial en el entorno rural. Lo hacemos de la mano de Juan Carlos Toribio, responsable de seguridad vial de IMU.
AutoFM viaja a Fariza de Sayago (Zamora) para recoger la charla de Juan Carlos Toribio, responsable de Seguridad Vial de IMU, centrada en la siniestralidad y los déficits de seguridad en el entorno rural. Partiendo del reciente y trágico accidente del puerto de Lunada, Toribio enmarca el problema en clave de derechos ciudadanos y recuerda que “con solo cumplir la ley” —también por parte de las administraciones— la mejora sería “descomunal”.
El ponente construye su argumentario desde la Constitución: el art. 9 (obediencia al ordenamiento jurídico), el art. 14 (igualdad), el art. 17 (derecho a la seguridad) y el art. 51 (protección de consumidores). Denuncia que, con la excusa de que “son pocos”, a los pueblos se les niegan servicios e infraestructuras equivalentes a los de las grandes ciudades, vulnerando esa igualdad y traduciéndose en peores carreteras, peores tiempos de respuesta y más riesgo.
Desciende luego a la Ley de Seguridad Vial (RDL 6/2015) y al Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003). Cita dos anclas: el art. 2 (los titulares de la vía también deben cumplir la ley) y el art. 57 (mantener la vía en “las mejores condiciones posibles de seguridad”). Su espejo reglamentario es el art. 139 y, para señalización circunstancial, el art. 142. Con ese marco, califica de inaceptable la situación del puerto de Lunada: señalización ilegible, saturación cognitiva y cero seguridad pasiva, una “trampa mortal” que niega el derecho a la seguridad.
Toribio entra en ingeniería y factor humano: tiempo de respuesta de 2 s, deceleración de 7 km/h/s y obligación de preseñalizar peligros entre 150 y 250 m. Reivindica el cumplimiento de las normas 8.1-IC (señalización fija) y 8.3-IC (obras), y recuerda cambios recientes: los controles policiales pasan a fondo naranja desde el 1 de julio. Critica paneles con exceso de mensajes, obras mal señalizadas o “apaños” (contendedores, bultos) sin balizamiento, que no sirven ni física ni jurídicamente.
En firme y adherencia, fija referencias: μ≥0,60 para pavimento en servicio y μ≥0,45 para marcas viales. Advierte del peligro de las “culebrillas” de sellado con baja fricción en mojado. Sobre medición, denuncia que en España se ha reconocido de facto solo el SCRIM/Screen (camión), dejando fuera equipos más accesibles como GripTester o péndulo —válidos en aeropuertos y otros países—, lo que dificulta a las víctimas acreditar una falta de adherencia. Cita casos en los que se reasfaltó antes de poder medir tras un siniestro.
El problema de fondo, subraya, es presupuestario y de diseño institucional. Muchos caminos agrícolas pavimentados pasaron a ser, legalmente, carreteras sin financiación para su mantenimiento, dejando a ayuntamientos pequeños con “el marrón”. El dilema es brutal: si no se puede garantizar el art. 57, habría que cerrar la carretera; si se mantiene abierta, el titular asume la responsabilidad. Pide incrementar partidas de conservación hasta, al menos, cumplir la ley, y denuncia la desigualdad financiera por habitante empadronado que agranda la brecha rural.
Añade frentes colaterales: animales sueltos en calzada, educación vial insuficiente, y protección infantil (SRI). Recuerda que la UE permite IVA reducido (incluso 0%) para sillitas, pero España no lo aplica; alerta del golpe de calor de los menores en los asientos traseros y de la necesidad de anclajes bien ajustados. Señala, además, opacidad económica: auditorías reprobatorias a la DGT, falta de trazabilidad de fondos de multas y ausencia de acción decidida ante delitos del art. 385 CP (no restituir la seguridad de la vía).
Como hoja de ruta, Toribio reclama leyes autonómicas de tiempos de respuesta para emergencias (sanitarias y policiales), reordenar recursos para acercarlos al territorio, rigor técnico en señalización y firme, y transparencia. Defiende la auditoría ciudadana —pone de ejemplo a un joven de 13 años que auditó una carretera de su pueblo— y apela a la unión del conocimiento local para exigir igualdad y seguridad. Cierra con un mensaje simple: los vecinos del medio rural no pueden resignarse a que la ley se incumpla en su contra; exigir que se cumpla es su derecho.
AutoFM viaja a Fariza de Sayago (Zamora) para recoger la charla de Juan Carlos Toribio, responsable de Seguridad Vial de IMU, centrada en la siniestralidad y los déficits de seguridad en el entorno rural. Partiendo del reciente y trágico accidente del puerto de Lunada, Toribio enmarca el problema en clave de derechos ciudadanos y recuerda que “con solo cumplir la ley” —también por parte de las administraciones— la mejora sería “descomunal”.
El ponente construye su argumentario desde la Constitución: el art. 9 (obediencia al ordenamiento jurídico), el art. 14 (igualdad), el art. 17 (derecho a la seguridad) y el art. 51 (protección de consumidores). Denuncia que, con la excusa de que “son pocos”, a los pueblos se les niegan servicios e infraestructuras equivalentes a los de las grandes ciudades, vulnerando esa igualdad y traduciéndose en peores carreteras, peores tiempos de respuesta y más riesgo.
Desciende luego a la Ley de Seguridad Vial (RDL 6/2015) y al Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003). Cita dos anclas: el art. 2 (los titulares de la vía también deben cumplir la ley) y el art. 57 (mantener la vía en “las mejores condiciones posibles de seguridad”). Su espejo reglamentario es el art. 139 y, para señalización circunstancial, el art. 142. Con ese marco, califica de inaceptable la situación del puerto de Lunada: señalización ilegible, saturación cognitiva y cero seguridad pasiva, una “trampa mortal” que niega el derecho a la seguridad.
Toribio entra en ingeniería y factor humano: tiempo de respuesta de 2 s, deceleración de 7 km/h/s y obligación de preseñalizar peligros entre 150 y 250 m. Reivindica el cumplimiento de las normas 8.1-IC (señalización fija) y 8.3-IC (obras), y recuerda cambios recientes: los controles policiales pasan a fondo naranja desde el 1 de julio. Critica paneles con exceso de mensajes, obras mal señalizadas o “apaños” (contendedores, bultos) sin balizamiento, que no sirven ni física ni jurídicamente.
En firme y adherencia, fija referencias: μ≥0,60 para pavimento en servicio y μ≥0,45 para marcas viales. Advierte del peligro de las “culebrillas” de sellado con baja fricción en mojado. Sobre medición, denuncia que en España se ha reconocido de facto solo el SCRIM/Screen (camión), dejando fuera equipos más accesibles como GripTester o péndulo —válidos en aeropuertos y otros países—, lo que dificulta a las víctimas acreditar una falta de adherencia. Cita casos en los que se reasfaltó antes de poder medir tras un siniestro.
El problema de fondo, subraya, es presupuestario y de diseño institucional. Muchos caminos agrícolas pavimentados pasaron a ser, legalmente, carreteras sin financiación para su mantenimiento, dejando a ayuntamientos pequeños con “el marrón”. El dilema es brutal: si no se puede garantizar el art. 57, habría que cerrar la carretera; si se mantiene abierta, el titular asume la responsabilidad. Pide incrementar partidas de conservación hasta, al menos, cumplir la ley, y denuncia la desigualdad financiera por habitante empadronado que agranda la brecha rural.
Añade frentes colaterales: animales sueltos en calzada, educación vial insuficiente, y protección infantil (SRI). Recuerda que la UE permite IVA reducido (incluso 0%) para sillitas, pero España no lo aplica; alerta del golpe de calor de los menores en los asientos traseros y de la necesidad de anclajes bien ajustados. Señala, además, opacidad económica: auditorías reprobatorias a la DGT, falta de trazabilidad de fondos de multas y ausencia de acción decidida ante delitos del art. 385 CP (no restituir la seguridad de la vía).
Como hoja de ruta, Toribio reclama leyes autonómicas de tiempos de respuesta para emergencias (sanitarias y policiales), reordenar recursos para acercarlos al territorio, rigor técnico en señalización y firme, y transparencia. Defiende la auditoría ciudadana —pone de ejemplo a un joven de 13 años que auditó una carretera de su pueblo— y apela a la unión del conocimiento local para exigir igualdad y seguridad. Cierra con un mensaje simple: los vecinos del medio rural no pueden resignarse a que la ley se incumpla en su contra; exigir que se cumpla es su derecho.