La revisión teórica y empírica sugiere que la burocracia en México no puede reducirse a un cúmulo de ineficiencias accidentales. Su complejidad y letargo responden, en buena medida, a lógicas políticas de control. Al presentar trámites engorrosos y arbitrarios, el sistema burocrático condiciona el ejercicio de derechos: filtra el acceso a recursos públicos según la capacidad de cada quien para sortearlo, lo que termina privilegiando a los sectores más poderosos. Al mismo tiempo, la misma opacidad y discrecionalidad generan espacios de corrupción funcional. Reconocer estos mecanismos es esencial para una crítica institucional basada en derechos ciudadanos. No basta con simplificar trámites: es necesario transparentar las redes de influencia y reducir el papel hegemónico del Estado en la gestión pública. Al desenmascarar la “racionalidad” burocrática como un modo de poder, puede impulsarse una reforma que empodere al ciudadano, garantice su acceso efectivo a los servicios y erradique sus prácticas de dominación.

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