No había nada. Ni un sólo mensaje. Todo desaparecido. Como si hubiera destruido "a martillazos" el teléfono. Que todo un Fiscal General del Estado haya supuestamente borrado todos los mensajes, todas las pruebas para evitar una inculpación por revelación de secretos puede tornarse en lo contario a lo pretendido, es decir aumentar la responsabilidad penal.La actuación del que se supone garante de las libertades y la legalidad en una acto concreto de desaparición de pruebas sin ofrecer una explicación convincente es algo, además de inédito, una cuestión que puede dar al puntilla a la credibilidad de una Institución con la Fiscalía General del Estado.

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