Entrevista con Santiago Palomo, director ejecutivo de la Comisión contra la Corrupción. Contexto:
Combatir la corrupción es crear una ley de beneficiarios finales y reglamentos como el reggae para  transparentar a  los beneficiarios finales de los proveedores del Estado.
Es una modificación al Reglamento del RGAE por medio de la cual se posibilite que todas aquellas personas jurídicas inscritas en este registro, al momento de su inscripción y de la actualización de datos, tengan que indicar quiénes son los beneficiarios finales de las mismas, es decir, las personas físicas que efectivamente tengan el control de las entidades.
Tendrá un impacto en la prevención de fenómenos como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Actualmente, solo instituciones del sistema bancario acceden a información sobre beneficiarios finales, pero es necesario que al menos en el caso de las entidades que contratan con el Estado, esa información pueda ser conocida por el público.
En América Latina, al menos 18 países cuentan con regulación en materia de beneficiarios finales. Y existen diversos proyectos en la región encaminados a avanzar sobre la temática, establecer nuevas formas de identificación y de cruces de información.

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