Ha crecido en nuestro país la preocupación por la corrupción y, de manera especial, por encontrar fórmulas institucionales que permitan combatirla. La corrupción ha sido considerada como un importante obstáculo al desarrollo económico, un impedimento para la erradicación de la pobreza y el principal motivo de pérdida de legitimidad gubernamental, por tanto, una amenaza para la democracia.

En una democracia, es claro que cualquier política pública requiere de cohesión social, pero en materia de corrupción esto cobra especial relevancia en virtud de la naturaleza y la magnitud de este problema público y del contexto democrático dentro del cual se produce y busca solución. Ello implica que las estrategias para su combate deban involucrar la mayor cantidad de actores posibles. No cabe duda que las políticas públicas anticorrupción lograrían mayores y mejores resultados si contaran con la participación de la sociedad civil; se respetara el marco democrático, se incrementará su eficiencia y se menguara el riesgo de naufragar.

Frente a la reciente aprobación del proyecto de reforma constitucional que regula el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, conviene preguntarnos acerca de la importancia social y política de dichas medidas en favor de la lucha frontal que distintos actores vienen planteando contra el fenómeno de la corrupción en nuestro país.

Bloque 1: ¿Cuál ha sido la utilización de la inmunidad parlamentaria en tiempos de corrupción?¿ Por qué ha sido tan resistida por el congreso? Estado de la cuestión.

Jeffrey Radzinsky, magíster en Gobernabilidad y Gestión Pública.

Katherine Zegarra, politóloga de la PUCP.

Ver todos los episodios