Entender la política educativa a nivel nacional, regional o global implica considerar el papel que ejercen organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por un lado mantienen el discurso de superación de la pobreza, pero resulta contradictorio al no cuestionar las razones estructurales de la desigualdad o sus causas.

La pandemia ha generado un escenario de aumento de privatizaciones y endeudamientos, obligando a muchos gobiernos a condicionamientos restrictivos. Estos condicionamientos debilitan la democracia, establecen procesos meritocráticos, incentivos mercadológicos, hipercompetitividad, estrategias estandarizadas, imposición de ajustes fiscales entre otras medidas en detrimento de derechos.

Los bancos en el ámbito educativo ponen en jaque los derechos, desplazando el debate de la cuestión central de su ejercicio y garantía. En la actualidad, los préstamos activos para educación en los países latinoamericanos y caribeños suman más de US$ 4.700 mil millones.

Diálogo con Erika Moreira Martins, doctora en educación con énfasis en ciencias Sociales por la Universidad de Campinas (Brasil). Es autora de las publicaciones ¿Todos por la educación?, Redes corporativas en procesos de privatización de la educación en América Latina y Organizaciones multilaterales y financiamiento de la educación.

Producción: María Cianci Bastidas, Coordinación General ALER

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