La violencia en Puerto Rico continúa en aumento y no se detiene. El asesinato en Manatí de una mujer alegadamente a manos de un convicto excarcelado al amparo de la Ley 25 de 1992 ha levantado serias interrogantes. Dicha ley -que dispone que será egresado todo confinado que tenga un diagnóstico de SIDA y que esté en su etapa terminal, o que esté en la etapa terminal de alguna otra enfermedad- exige, entre otras cosas, que, a juicio del Departamento de Corrección, dicha persona no representa un peligro para la sociedad. Surgen dudas de cómo una persona, convicta por delitos sexuales y asesinato que alegó estar gravemente enfermo, a pesar de no aparentar tener condición incapacitante cuando fue arrestado, ha sido puesta en libertad. Este caso se añade a la lista de diferentes manifestaciones de la violencia en el país. El Papa Francisco ha escrito que la inequidad lleva a la violencia. Según el Instituto de Desarrollo de la Juventud, el 52% de los menores de 18 años vive bajo los niveles de pobreza, convirtiendo la narcoeconomía en una triste oportunidad para salir de la marginalidad, con graves consecuencias. ¿Hay solución a las causas que provocan las conductas violentas? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en relación con casos como éstos? De esto hablamos hoy en AP.

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