El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a la ciudadanía a movilizarse contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos en su contra, por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.
"Fue bastante elocuente porque se está atribuyendo la facultad de investigar y presentar cargos contra el actual mandatario, que por Constitución tiene fueros y la única que la puede investigar es la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes. El camino está liderado por la oposición", afirmó a Acentos el politólogo colombiano y docente de la Universidad de Buenos Aires, Christian Arias.
"Quieren tratar de desestabilizar al Gobierno y que concluya en un debate de juicio político en el Senado y la destitución del mandatario. Este camino lo está liderando Álvaro Hernán Prada, un militante del partido Centro Democrático que se encuentra procesado por sobornos y fraudes procesales", agregó.
El analista comparó esta situación con el juicio político llevado a cabo contra el expresidente Ernesto Samper en 1996 por una supuesta financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. "Este es el único antecedente parecido al de Gustavo Petro. En aquel entonces, el exmandatario fue absuelto".
Por último, el politólogo dejó en claro que si se logra llevar adelante el juicio político contra el actual presidente, como quiere la oposición, no se derrocará solo al mandatario, sino que se removerá al Gobierno. "Esto genera una condicionalidad a la democracia y al ejercicio del Gobierno", cerróInstalación de la Comisión contra la Impunidad en Honduras: "Es un reconocimiento del fracaso del sistema judicial del país"
Este martes 8 de octubre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras decidió, por mayoría de votos, declarar constitucional el Decreto 04-2022, conocido popularmente como "Pacto de impunidad", el cual liberó de acusaciones penales a varios exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya. Esta determinación tiene implicaciones significativas para el país centroamericano, sobre todo respecto a la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
"Una de las promesas de Xiomara Castro antes de asumir fue la de la creación de la CICIH. Se trata de un mecanismo internacional para el combate de la corrupción, pero también significa un reconocimiento del fracaso del sistema judicial hondureño", aseguró a Acentos Gustavo Adolfo Zelaya, profesor de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
"Todo este trabajo es realizado junto con la ONU para proporcionar nuevas capacidades en materia de investigación y hacer posible que la impunidad deje de ser una ley nacional. Esta comisión va a tener una especie de ejercicio independiente de la acción penal pública. Requiere de ciertas modificaciones en algunas leyes para que esta comisión tenga músculo", agregó.
Para finalizar, el académico dejó en claro que, con la creación de la comisión, el proceso penal debería ser más efectivo para llegar a los corruptos. Sin embargo, aclaró que "es difícil anticipar el resultado del trabajo porque va a depender de las reformas judiciales y de la Constitución de la República", cerró.

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