Ayer el ministerio de educación anunció que extenderá el año escolar en la provincia Duarte para compensar las horas de clase perdidas por las continuas paralizaciones que realiza la Asociación Dominicana de profesores en esa demarcación. Quizás las provincia Duarte sea el extremos pero todos y todas sabemos que no tiene la exclusividad.
La convocatoria del inicio del año escolar 2024-2025 se hizo para 2,6 millones de estudiantes de esos 1,4 o sea más de la mitad  fue afectada por algun tipo de paralización organizada por los profesores.
La información es producto de un estudio de una organización de padres y tutores, pero lo único que aporta es la consolidación de un dato que todos percibimos. El estudio ratifica que en la mayoría de los casos las protestas magisteriales tienen que ver con el tema salario aunque en menor proporciones aparecen casos en que maestros y maestras dejan de trabajar bajo distintos alegatos que parecerían favorecen a los estudiantes como son los casos de la precariedad de las instalaciones.
En el siglo 21 el ministerio de educación de la República Dominicana no ha podido crear un mecanismo para que las direcciones de las escuelas contraten un plomero o un electricista. Las escasas paralizaciones con motivo de las instalaciones citan el tema sanitario casi con exclusividad.
Distritos escolares que tienen hasta tres y cuatro directores con distintos rangos, no tienen una persona que garantice la calidad de las instalaciones.
Pero el folclor de las paralizaciones llega al caso de la suspensión de la docencia por solidaridad con alguna causa o como ocurre en campos y barrios porque los docentes van a dar un pésame.
Las pocas ganas de trabajar no están incluidas en la evaluación docente que será causa de otras paralizaciones porque la ADP quiere que los maestros reciban incentivos por sacar 60 puntos de 100 con lo que no se pasa en un examen de colegio.
Lamentablemente el ministerio no ha podido mejorar su eficiencia de manera que no haya pretexto para que el gremio de los maestros siga su campaña contra los niños y niñas más pobres que son los condenados a la educación pública.

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