La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Dorothy Pérez, ha puesto al descubierto un masivo problema de licencias médicas irregulares que afecta a cerca de 25 mil funcionarios públicos en todo el país. La investigación, presentada ante la Comisión de Salud del Congreso, no solo abarca al sector público civil, sino que también se extenderá a Capredena y Dipreca, entidades que regulan al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden. Este hallazgo ha generado preocupación y un llamado a la acción por parte de diversas autoridades y analistas, quienes enfatizan la necesidad de una fiscalización más rigurosa y la restitución de los fondos públicos comprometidos.

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