El denominado Caso ProCultura, una arista del Caso Convenios o Fundaciones, ha experimentado un nuevo vuelco con la decisión del Ministerio Público de remover al fiscal Patricio Cooper de la investigación. Este hecho se produce en medio de cuestionamientos a procedimientos de escuchas telefónicas y un debate nacional sobre la asignación de fondos públicos a fundaciones, especialmente por parte de los Gobiernos Regionales, que han visto un aumento exponencial en los montos transferidos durante la actual administración en comparación con periodos anteriores. La situación ha generado un intenso debate sobre la probidad, la eficiencia del gasto fiscal y el real poder y fiscalización de las nuevas autoridades regionales.

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