En Reino Unido, el Gobierno de Keir Starmer defiende un giro en su política migratoria pese a las críticas internas del Partido Laborista, que lo acusan de adoptar medidas propias de la extrema derecha.
El plan establece que quienes lleguen de forma irregular o permanezcan en el país tras expirar su visado deberán esperar 20 años para obtener la residencia permanente, frente a los 5 años actuales.
Además, el Gobierno se reservará el derecho a revisarlo cada 30 meses, y si considera que las condiciones del país de origen son seguras de nuevo, podrá deportar a aquellos que obtuvieron en su momento el asilo.
También se elevará de 5 a 10 años el plazo para la residencia de quienes hayan llegado legalmente, y se reducirán las ayudas económicas a solicitantes de asilo que estén en condiciones de trabajar.

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