El juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con un nuevo presunto delito: malversación de fondos públicos. 

Esta quinta imputación surge a raíz de la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, cuya labor, según la investigación, habría servido para fines privados vinculados a Gómez. Ambas han sido citadas a declarar en septiembre.

Con esta nueva acusación, Gómez ya suma cinco delitos investigados: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. 

El juez basa esta última imputación en un auto de la Audiencia Provincial que considera plausible el uso de recursos públicos para actividades particulares relacionadas con su entorno profesional.

La investigación se centra ahora en esclarecer si la asesora fue contratada específicamente para asistir a Gómez en tareas privadas, algo que podría constituir un uso indebido de fondos del Estado.

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