La Unión Europea se enfrenta a una grave crisis de refugiados derivada tanto de su corresponsabilidad en la creación de los problemas que han forzado a millones personas a huir de sus países, como de la nefasta gestión de gobiernos locales que no atienden a las necesidades más básicas de sus ciudadanos. La respuesta que los Veintiocho están dando a este drama humano no está a la altura de los valores y principios que nos definen como Estados de derecho y sociedades democráticas. Además, la resistencia a asistir y proteger a quienes huyen de situaciones de conflicto para poner a salvo sus vidas supone una flagrante dejación de las responsabilidades que les
corresponden como firmantes del Estatuto de refugiados de 1951. Este incumplimiento jurídico y esta ceguera ante un problema en aumento añaden un sufrimiento adicional a quienes huyen de la violencia y cuestiona el propio proyecto de la Unión.

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