Las votaciones del 3 de marzo de 2024, que han tenido lugar en las dos regiones autónomas del Caribe nicaragüense no se puede entender en un contexto distinto al que se vive en Nicaragua desde los acontecimientos de abril de 2018, cuando el régimen Ortega-Murillo desencadenó una espiral de violencia que se ha diversificado en distintas fases y que con la perspectiva de seis años, determinan que el país centroamericano reúne todas las características para ser definida como una dictadura de corte clásico en la que la eliminación de libertades básicas y derechos inalienables en democracia, como es sin duda el de elecciones libres en las que la población pueda elegir sin temor a sus gobernantes, es uno de los más claramente visibles.

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